Morning Calm News/ ISOA
Se habla de las facilidades que tienen los extranjeros a la hora de obtener la nacionalidad en países del “Primer Mundo” si se enlistan en el ejército. Además de un trabajo y la posibilidad de integrarse mejor en el país de acogida obtienen una formación y un sueldo estable. En Afganistán han caído soldados españoles de origen colombiano y ecuatoriano, así como estadounidenses de origen mexicano y de otros países.
Con la “privatización” de las fuerzas armadas de las potencias militares, se ha extendido en años recientes una nueva tendencia. Las empresas militares subcontratadas por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, han fichado a antiguos militares de otros países que aprovechan la formación que les dio su gobierno para trabajar por un sueldo mejor remunerado.
En lo que va de contienda militar en Afganistán, han sido más de 23.000 extranjeros de un total de 90.000 contratistas militares. En Irak, casi 37.000 de 64.000. Es decir, más de un tercio de un total viene de países. Entre ellos hay exmilitares de élite, pero también paramilitares y de otras formaciones profesionales. Algunos informes de derechos humanos afirman que muchos de estos antiguos militares tienen dudosos expedientes en materia de derechos humanos.
Desde que comenzó la guerra contra el terrorismo, se ha documentado la muerte de 176 contratistas privados en Afganistán. De ellos, más de cincuenta eran estadounidenses; 14 nepalíes, 13 rusos, 13 canadienses, 12 filipinos, 11 chinos, 10 británicos y 10 ucranianos. Pero otros 14 países quedan representados en esta “estadística”: Pakistán, India, Turquía, Macedonia, Bosnia, Corea del Sur, Zimbabwe, Bangladesh, Alemania, Irlanda, Japón, Myanmar, Sudáfrica y los Emiratos Árabes.
De esos contratistas, 38 se dedicaban a labores militares. La variedad de tareas a las que se dedican el resto de contratistas ha permitido incluir en una misma categoría a quienes mueren en combate y a quienes trabajan en servicios de limpieza, de cocina o de transporte. Y supone una ventaja para el país de origen al no pagar el mismo precio político por la muerte de un soldado profesional que por la de una persona que, para muchos, era un “simple mercenario” que ganaba hasta cinco veces más que soldados que arriesgan su vida por “su patria”.
Esta tendencia evoca a la utilización de mercenarios en otras épocas de la historia, en especial en la EdadMedia, o en el siglo XX, con los temibles ghurkas. Preocupan las dificultades jurídicas que supone perseguir violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por estos efectivos, con contratos de empresas subcontratadas por el Departamento de Estado o de Defensa de Estados Unidos, por poner un ejemplo.
Preocupan también los abusos y al engaño a los que han sido sometidos en algunos casos estos antiguos militares, motivados por sueldos inferiores a los que tendría un norteamericano para el mismo puesto, pero superior al que tendrían en el ejército de su país. Así lo han documentado Naomi Klein, en La doctrina del shock y Jeremy Scahill, en Blackwater. Una vez que se encuentran en un escenario hostil en un país a miles de kilómetros del suyo, se les dificulta defender sus derechos laborales o incluso el sueldo pactado ante empresas que buscan maximizar sus beneficios y recortar los costes como sea. Muchas veces llevan menos protección de la adecuada y trabajan horas excesivas, lo que agrava las situaciones de estrés, los somete a presión excesiva y fomenta reacciones violentas en escenarios donde abunda la presencia de civiles inocentes. En muchas ocasiones la falta de comunicación por no manejar distintos idiomas, en especial el del país ocupado o el del país ocupante, los expone a abusos y a engaños.
Se ahorran así costes sin dejar de percibir las mismas cantidades por contratos presupuestados a lo alto, según investigaciones del Congreso de Estados Unidos. Estos fraudes al gobierno llevaron a Erik Prince, fundador de Blackwater, ahora Academi, a mudarse a Abu Dhabi mientras alcanzaba un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Estado para pagar una multa millonaria por esos contratos fraudulentos. El máximo beneficio a cualquier precio de grupos e intereses privados que se escapan al control gubernamental también hace estragos en la estrategia de defensa de un país.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista