EFE
Tras 19 años de litigio, la petrolera estadounidense Chevron pierde pie en el intento de evadir su responsabilidad por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana, informa Luis Ángel Saavedra, de Noticias Aliadas. Texaco, adquirida por Chevron en 2001, contaminó aguas y tierras de la zona, y provocó daños en el ganado, las tierras, fuente de sustento, y la salud de hasta 30.000 campesinos e indígenas por utilizar tecnología obsoleta para explotar los pozos petrolíferos.
Imagen: Treehugger (http://ea.com.py/tribunal-ecuatoriano-ratifica-millonario-fallo-contra-petrolera-estadounidense)
Un tribunal de Estados Unidos le ha dado la espalda a la multinacional al rechazar la petición de bloquear, en cualquier país donde Chevron tenga activos, la sentencia de un tribunal ecuatoriano. Le exigen casi 10.000 millones de dólares por daños medioambientales y a la salud. La demanda en tribunales norteamericanos, iniciada por comunidades indígenas de la Amazonía norte del Ecuador, se reomonta a 1993.
La sentencia no sólo exige reparación por los daños, sino también una reparación moral para las personas afectadas. La sanción podría duplicarse si la multinacional no se disculpa por lo hecho.
En los últimos años se han multiplicado los intentos de llevar a distintas grandes multinacionales a los tribunales por violaciones de derechos humanos y daños al medioambiente.
Hace más de año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una demanda colectiva contra Wal Mart por discriminación sexista. Antes, un tribunal estadounidense había admitido una demanda contra la empresa Chiquita Brands por supuesta colusión con grupos armados colombianos en violaciones graves de derechos humanos contra la población civil.
Gobiernos, Organizaciones de la Sociedad Civil y empresas multinacionales han participado en la elaboración de unos principios rectores de Naciones Unidas para que las multinacionales respeten los derechos humanos, que emanan del Consejo de Derechos Humanos.
El marco de la ONU de proteger, respetar y resarcir se apoya en tres pilares básicos: la responsabilidad que tienen los Estados de proteger a sus ciudadanos de abusos por parte de empresas, la responsabilidad que tienen las corporaciones de respetarlos y de “impedir” violaciones, así como de mitigar los impactos negativos de su actividad, y el acceso que deben tener las víctimas a una justicia efectiva en caso de que sean vulnerados sus derechos.
La debilidad de unos principios que sirven de guía radica en su carácter no vinculante. Sin embargo, cumplen una función declarativa por parte de los Estados y de una sociedad civil con una creciente participación en los procesos relacionados con el derecho internacional, cada vez más ocupado de la actividad de grandes empresas. Declaraciones reiteradas y conductas en un mismo sentido contribuyen al nacimiento de normas internacionales.
El crecimiento de las grandes corporaciones y su internacionalización junto con la de los mercados financieros altera la toma de decisiones en el plano internacional. Hay más de 80.000 empresas multinacionales, 800.000 subsidiarias y millones de medianas y pequeñas empresas en el mundo, según Naciones Unidas, por tan sólo dos centenares de países.
A pesar de la amenaza a la capacidad de actuación de los gobiernos en el plano internacional, el Estado se mantiene como fuente legítima de derecho. Al contar con los cauces democráticos adecuados para promover leyes encaminadas a proteger a sus ciudadanos de posibles abusos por parte de empresas. Este esfuerzo se ha visto torpedeado por lobbies que financian campañas políticas a cambio de leyes favorables a sus intereses privados. Así sucede con las aseguradoras médicas en Estados Unidos, algunas de las grandes empresas farmacéuticas y la industria militar. También cuando los políticos compaginan su función pública con asesorías privadas, fenómeno conocido como puerta giratoria. Dick Cheney y Donald Rumsfeld se negaron a renunciar a las juntas directivas de grandes empresas, a pesar de existir conflicto de intereses.
Siguen en pie propuestas legislativas para limitar la influencia de los lobbies en el juego democrático, y luego en la actividad de empresas privadas en el extranjero. Separación de poderes para resarcir y para castigar; formación judicial cosmopolita y sensible a los derechos fundamentales para que no primen cuestiones obsoletas de forma sobre la obligación de respetar los derechos humanos universales. Al mismo tiempo, que las empresas tengan claras las reglas de juego en esta materia a la hora de invertir. Aún tienen margen los Estados con una sociedad civil cada vez más alerta.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista