ISAF Media/ Flickr
Las empresas militares en Afganistán tienen hasta el 20 de marzo para transferir todas sus competencias a la Fuerza de Protección Pública Afgana (FPPA). Hasta ahora, las empresas norteamericanas, británicas y de otros países se habían encargado de la protección de personal extranjero y de los proyectos de reconstrucción en el país asiático.
Después de esa fecha, no tendrán autorización para trabajar en programas relacionados con la ayuda humanitaria y la reconstrucción, aunque podrán realizar labores de consultoría en materia de seguridad. Los ataques recientes contra soldados de la fuerza multinacional preocupan a los políticos en Estados Unidos y a los trabajadores relacionados con la reconstrucción y la ayuda humanitaria. La International Stability Operations Association (ISOA), organización que agrupa a decenas de empresas militares y que promueve sus objetivos, considera que la retirada de las empresas militares pondrán en peligro de soldados y civiles relacionados con las labores de reconstrucción de un país castigado por la guerra.
ISOA dice apoyar la transferencia de la seguridad al gobierno afgano, pero de una forma gradual. DynCorp International, una de sus organizaciones miembro, obtuvo un contrato de más de 1.000 millones de dólares para entrenar a la policía afgana. Por eso no sorprende que ISOA pida una transición de poderes “escalonada” y no tan precipitada. Cuando dicen que la transferencia pondrá en peligro negocio, empresas y organizaciones occidentales para la “reconstrucción” en un momento de escalada de la violencia, en realidad presionan para la extensión del contrato millonario del Departamento de Estado y para la permanencia de esas empresas hasta que mejore una situación que sólo empeora.
“El expediente de seguridad de la FPPA desde su existencia no ha sido bueno, lo cual dificulta la reconstrucción y el desarrollo, y socava la confianza del pueblo en el gobierno”, sostiene ISOA en su boletín semanal.
“Algunas de estas preocupaciones respecto a la FPPA no sólo debilitarán la seguridad, sino también impedirán que las ONG y otros actores humanitarios alcancen objetivos importantes para el desarrollo a largo plazo”.
Estas declaraciones ponen el peso de un posible fracaso de la reconstrucción por la violencia en un gobierno títere nombrado a dedo desde Estados Unidos. Culpan al gobierno afgano de la creciente inseguridad, como si las acciones militares de los “aliados” no hubieran exacerbado las diferencias entre distintos grupos étnicos desde que comenzaron los bombardeos en octubre de 2001. Apoyaron a ciegas a una cuestionada Alianza Norte por ser enemigo declarado de los talibanes y armaron hasta los dientes a los señores de la guerra, financiados con la venta de opio que se ha disparado desde la llegada de los «salvadores» occidentales.
Las empresas militares pierden credibilidad por sus abusos y fraudes a los gobiernos que las subcontratan. Pero también por convertirse en juez y parte de las situaciones de inseguridad en donde operan. Por un lado determinan las amenazas y, por otro, se presentan como la solución para impedir que éstas se materialicen. Un negocio redondo porque crea dependencia.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista